Un accidente saca a relucir el uso irregular de placas estatales en el país

Lucía, nombre ficticio que pidió reservar su identidad, regresaba con su hijo por la avenida Leopoldo Navarro la tarde del pasado Domingo de Resurrección. La vía estaba tranquila y desolada por el asueto. Detenida ante el semáforo de la esquina con la avenida César Nicolás Penson, sintió el impacto de un Mini Cooper que la embistió por detrás a alta velocidad. Su sedán se desplazó en línea recta y no chocó con ninguna estructura ni con ningún ciudadano. De haber transitado otro vehículo por esa calle, el resultado habría sido otro.

Al comprobar que ella y su hijo estaban con vida, Lucía bajó a ver a la causante del siniestro: una joven de 23 años bajo los efectos del alcohol, sin los documentos que exige la ley y con una de las 33,206 placas que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) registra como asignadas a instituciones públicas. La chica, envuelta por la bolsa de aire del Mini Cooper, no entregó la matrícula ni al motorizado de la Digesett que llegó a la escena. El agente advirtió que la licencia de conducir y el seguro estaban vencidos.

Un transeúnte que se acercó a ayudar señaló que la joven parecía haber conducido tras beber alcohol, versión que confirmó una unidad del 9-1-1 que prestó auxilio. La conductora insistía en que el carro se lo regalaron a los 18 años y pedía que el reporte del accidente se hiciera al día siguiente por el seguro caducado. Fueron los familiares de Lucía quienes notaron que la placa era institucional.

Consultada por este medio, la DGII confirmó que la placa pertenece al Ministerio de Salud Pública, aunque no a ese vehículo. La entidad informó que tiene 43 unidades exoneradas y otras 129 cuyo trámite de exoneración sigue en curso: ambulancias, minibuses, autobuses, jeeps y camionetas destinadas a directores de departamento, dependencias, descargo e inventario y vigilancia, entre otros usos. Predominan las camionetas, en su mayoría de 2018, con años que van de 2005 a 2018. Las unidades en proceso de exoneración abarcan de 1996 a 2025.

Según la DGII, después de que las placas se asignan y se inscriben en el Registro Nacional de Vehículos de Motor, pasan a manos de las instituciones estatales, que asumen la responsabilidad de usarlas y distribuirlas. Vigilar ese uso le corresponde a la Digesett, en coordinación con el Intrant.

Lucía contó que a la joven le impusieron una multa, pero solo por la licencia vencida. Nada ocurrió por el seguro caducado ni por circular con una placa que no era suya, y el vehículo también habría sido retenido. Ante eso se preguntó: "¿cómo ocurren tantas ilegalidades en una sola persona poniendo en riesgo la vida de gente que anda en la calle sanamente con su familia?".

La Ley 63-17 prohíbe conducir con un grado de alcoholemia superior a 0.5 gramos por litro en sangre o 0.25 miligramos por litro en aire espirado, y sanciona la embriaguez al volante con multas de cinco a diez salarios mínimos y la reducción de puntos de la licencia. Entre 2021 y 2025 se multó a 1,495 personas por esa falta y se retuvieron 21 vehículos.

Circular con licencia vencida o sin ella se castiga con multas de uno a cinco salarios mínimos y reducción de puntos. En el último quinquenio se impusieron al menos 854,172 multas por ese motivo y se retuvieron 1,204 vehículos. La falta de seguro vigente permite la retención inmediata de la unidad hasta que se adquiera una póliza válida, y la ausencia de matrícula o de placas correspondientes habilita el remolque: por esa causa se retuvieron 1,892 vehículos entre 2021 y 2025.

Fuente: Listín Diario, publicado originalmente el 20 de septiembre de 2026. Texto reelaborado por la redacción de LOSA Radio.