Planificación del desarrollo en RD: el reto no es crear más instrumentos

El concepto de desarrollo dejó atrás las visiones que lo reducían al crecimiento económico, la industrialización y la modernización. Hoy se maneja una noción multidimensional en la que entran el bienestar, las capacidades, la inclusión, la sostenibilidad, la institucionalidad y el territorio. Bajo ese enfoque, desarrollar es transformar la economía, la sociedad, el territorio, el ambiente y las instituciones para mejorar de forma sostenible la calidad de vida, abrir oportunidades y acortar desigualdades.

Ese giro cambia lo que debe hacer la planificación. Si el desarrollo tiene varias dimensiones, planificar no se agota en proyectar variables económicas ni en apilar planes por sectores. La tarea es articular sectores, escalas del territorio, plazos, recursos y mecanismos de seguimiento. Para la CEPAL y el ILPES, la planificación para el desarrollo funciona como un sistema cuyas tareas de prospectiva, ejecución y evaluación ocurren al mismo tiempo en sectores, instituciones, niveles de gobierno y plazos distintos.

La República Dominicana sirve como caso para examinar ese reto. El país dispone de instrumentos formales de planificación y ha acumulado avances económicos y sociales de peso, pero arrastra brechas estructurales y territoriales. El argumento del autor es que el problema central no está en la falta de instrumentos, sino en la capacidad de estos para orientar de forma coherente las decisiones que se toman en materia sectorial, presupuestaria, de inversión y de territorio. Hoy la planificación enfrenta a la vez desafíos de productividad, inclusión, sostenibilidad, calidad institucional, transformación tecnológica y cohesión territorial. El interrogante dejó de ser cómo elevar la producción para pasar a cómo convertir las capacidades económicas en bienestar y oportunidades repartidas de manera más equilibrada entre personas y territorios.

La Ley 1-12, con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, fija el marco de largo plazo y organiza sus objetivos en cuatro ejes: institucionalidad, desarrollo social, economía sostenible e integración competitiva, y sostenibilidad ambiental. A esa visión se suman el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública. El Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 2025-2028 establece que cada proyecto debe guardar correspondencia con las prioridades del plan sectorial plurianual y con la END 2030. Sobre el papel hay, entonces, una cadena que enlaza la estrategia, la programación de mediano plazo y la inversión.

El punto crítico es si esa alineación formal se traduce en priorización efectiva. Una intervención puede declarar correspondencia con un objetivo estratégico y, a la vez, haber nacido sobre todo de la lógica particular de una institución. La alineación documental es necesaria, pero no equivale por sí sola a una priorización estratégica. Las entidades de cada sector reúnen competencias, saber técnico, equipos especializados y responsabilidad administrativa. El problema no es lo sectorial en sí, sino la fragmentación que aparece cuando cada institución identifica, formula y ejecuta intervenciones sin coordinación suficiente en torno a problemas que son multidimensionales.

La CEPAL y el ILPES sitúan la intersectorialidad entre los grandes desafíos de la planificación actual. Un problema como la pobreza territorial puede tocar al mismo tiempo empleo, educación, salud, agua, conectividad, infraestructura y productividad, y ninguna política sectorial aislada cubre toda esa cadena. Los problemas aterrizan en territorios concretos: una comunidad puede arrastrar a la vez escasez de agua, caminos en mal estado, mala conectividad, servicios sociales insuficientes y pocas oportunidades productivas. Vistos desde la administración, cada uno de esos problemas corresponde a una institución distinta; vistos desde el territorio, todos forman parte de una misma realidad. Para la CEPAL y el ILPES, el territorio es un sistema de interacciones sociales estructuradas a lo largo del tiempo, y las políticas territoriales integrales deben atender a la vez lo económico, lo social y lo ambiental. En el caso dominicano, eso supone reforzar los mecanismos para que las brechas y el potencial de cada territorio cuenten desde el arranque en la selección de las intervenciones. El territorio debería ser algo más que el sitio donde al final se ejecuta una obra: debería operar como criterio para decidir qué inversión es prioritaria y cómo se combina con otras.

Los datos disponibles aconsejan no leer el panorama con pesimismo excesivo. Según las cifras oficiales, la pobreza monetaria general pasó de 23.0 % en 2023 a 19.0 % en 2024, y la extrema bajó de 3.2 % a 2.4 %. Esos avances muestran que el crecimiento, el empleo y las políticas sociales han producido mejoras. Sin embargo, menos pobreza agregada no significa que hayan desaparecido las desigualdades estructurales. El diagnóstico de brechas estructurales que la CEPAL preparó para el país concluye que siguen existiendo desigualdades relevantes entre el campo y la ciudad y entre unos territorios y otros, y califica parte de esa desigualdad como estructural. La Oficina Nacional de Estadística publica series de pobreza desagregadas por macrorregiones y regiones de desarrollo, lo que confirma la conveniencia de leer el promedio nacional junto a su reparto geográfico. Crecimiento, menos pobreza y brechas territoriales pueden coexistir sin contradicción: el crecimiento amplía posibilidades, pero cómo se reparten sus frutos depende de la estructura productiva, las políticas públicas, los servicios, la inversión y la capacidad institucional.

Una planificación territorial efectiva debería convertir diagnósticos multidimensionales en carteras coordinadas de programas y proyectos. Piense en una zona rural con productividad baja, vías deterioradas, pérdidas tras la cosecha y poco acceso a los mercados. Un proyecto aislado no cambiaría la estructura del problema. Una estrategia integrada podría juntar caminos, riego, acompañamiento técnico, centros donde acopiar la producción, conexión a internet y crédito productivo. Lo que se persigue no sería solo levantar obras, sino subir la productividad, llegar a más mercados y aumentar los ingresos. El autor concluye que el país no necesita inventar más instrumentos, sino conseguir que los que ya tiene hagan conversar la estrategia con el presupuesto, la inversión, los sectores y los territorios. Poner primero las brechas de cada territorio, coordinar a las instituciones y medir resultados permitiría que el crecimiento se traduzca en bienestar, oportunidades y una cohesión territorial mayor.

Fuente: El Nuevo Diario, publicado originalmente el 20 de septiembre de 2026. Texto reelaborado por la redacción de LOSA Radio.