El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) denunció que no hay «garantías reales y efectivas de participación» entre los ciudadanos para dar ese debate.
Una decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, en el departamento de Nariño, al extremo suroeste de Colombia, volvió a encender la controversia sobre las fumigaciones aéreas con glifosato en el país sudamericano, como parte de las estrategias del Gobierno para erradicar los cultivos ilícitos, como el de la coca.En agosto pasado, agrupaciones afro, indígenas y campesinas interpusieron un incidente de desacato en contra de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, porque consideran que estas incumplieron una acción de tutela, que les exigía garantizar la participación de todos los sectores sociales en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG). El viernes 23 de octubre, el juez falló a favor de las autoridades colombianas, al considerar que sí han garantizado la participación de las comunidades en las reuniones informativas, que se han hecho previo a realizar la audiencia pública sobre el tema.»El juzgado concluye que la conducta desplegada por los funcionarios responsables del acatamiento del fallo de primera instancia modificado en segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Nariño, está apegada al principio fundamental de buena fe que debe observarse en toda actuación y se han desarrollado actuaciones tendientes al obedecimiento de las órdenes emanadas en la tutela», señala el fallo difundido a la prensa.Gobierno listoEste es el primer revés jurídico para las comunidades afro, campesinas e indígenas, que ya habían ganado en dos instancias previas.En mayo pasado, un juzgado de Pasto declaró la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, consulta previa, participación y acceso a la información, por parte de la Policía Nacional y la ANLA a las comunidades, y suspendió una audiencia pública que tenían programada. Dos meses después, la decisión fue ratificada por el Tribunal Administrativo de Nariño. Por lo tanto se mantenían suspendidas las aspersiones.El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), que ha representado a las comunidades en el pleito, denunció que en el contexto actual de la pandemia no es posible reanudar los debates en torno al glifosato, como pretenden hacer las autoridades de manera virtual, debido a que no hay «garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general», reseña El Espectador.»A pesar de que la Policía Nacional tiene los elementos tecnológicos para realizar las reuniones informativas y la audiencia de manera virtual, debe garantizar que los receptores de la audiencia, es decir, la comunidad, tenga acceso real a estos mecanismos, pero en este caso no ocurre, pues las comunidades no tienen acceso a medios tecnológicos (conexión a internet) ni electricidad», señala el colectivo.Tras conocer el reciente fallo, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, dijo que están listos para reiniciar la fumigación aérea con este herbicida, solo esperarán por la autorización por parte de la ANLA.»Lo ideal es que de un momento a otro estemos arrancando nuevamente con las aspersión aérea […], estamos pendientes que la ANLA nos dictamine la viabilidad», dijo Ruiz, en entrevista con La FM.El glifosato en la polémicaEl glifosato es un herbicida que se usa en agricultura y para el control de la maleza. En Colombia es habitual su utilización para acabar los los cultivos ilícitos, pero el efecto de este químico sobre las plantas no es selectivo, lo que significa que mata a la mayoría de ellas cuando es aplicado.
En marzo de 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC es su sigla en inglés) concluyó que esta sustancia es «probablemente cancerígena para los seres humanos». Ese mismo año, la Corte Constitucional prohibió las aspersiones de cultivos ilícitos con glifosato por los potenciales daños que podía ocasionar a la salud, decisión que fue avalada meses después por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).Dos años después, la misma Corte publicó un fallo en el que dejaba abierta la posibilidad de volver a autorizar el herbicida, pero con la condición de cumplir ciertas exigencias sanitarias, entre otras, presentar una investigación científica, que de forma objetiva y concluyente, demostrara la ausencia de daño para la salud y el medioambiente.En marzo de 2019, el Gobierno de Iván Duque pidió a la Corte Constitucional que no limitaran el uso de este químico para contrarrestar la «amenaza» que representa para el país el incremento de cultivos de uso ilícito. Cuatro meses después, el alto tribunal se pronunció y decidió mantener la sentencia de 2017, pero dejó en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) la decisión de reanudar las fumigaciones, previo cumplimiento de las condiciones establecidas, como la presentación de la investigación científica.Desde las organizaciones civiles han denunciado que la estrategia del Gobierno de Duque, de volver a las fumigaciones, incumpliría el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que estableció que la erradicación de cultivos ilícitos sería principalmente manual y se establecería la sustitución de plantaciones.Por su parte, el Gobierno alega que el acuerdo no descarta el uso de la aspersión, puesto que considera que las autoridades no renunciarán a los instrumentos que consideren más efectivos para la erradicación de los cultivos ilícitos.
Fuente: RT NOTICIAS
