(VIDEO) Afirman acuerdo transporte aéreo RD-EEUU es una vergüenza y vulnera principio de no intervención

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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Cuatro exjueces del Tribunal Constitucional (TC) calificaron de inconstitucional el acuerdo suscrito entre los gobiernos de República Dominicana y Estados Unidos sobre la preautorización en el transporte aéreo, y alertan que el mismo representa serias implicaciones para “el supremo interés de nuestro país”, ya que vulnera el principio de no intervención, por lo que constituye una “vergüenza nacional”.

Advierten que el verdadero propósito del referido acuerdo es para Estados Unidos poder  prevenirse de los terroristas y de otras amenazas a su seguridad nacional a través del ingreso de personas al territorio estadunidense.

Sobre el particular se pronunciaron este miércoles los abogados y expertos constitucionalistas Leyda Margarita Piña, Jottin Cury, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez, quienes afirman que el referido acuerdo no está siendo abordado con la debida profundidad que amerita el mismo.

Señalan que en lo que concierne a la República Dominicana el pacto de preautorización en el transporte aéreo vendrá a acentuar los cuestionables beneficios colaterales que tendría para el turismo dominicano.

En ese sentido, apuntan que el argumento del turismo ha sido una especie de maniobra o falso argumento que utilizan los sectores nacionales que lo respaldan para facilitar la aprobación del acuerdo.

Los ex magistrados de la alta corte afirman que permitir a EEUU autorizar los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a ese país, viola los artículos 3 y 6 de la Constitución dominicano, ya que implica ceder la soberanía nacional.

“Esto significa una extensión de las fronteras de los Estados Unidos en el territorio dominicano y contradice el procedimiento del Tribunal Constitucional que reafirmó la soberanía de las autoridades dominicanas en consonancia con los artículos 3 y 252 de la ley Fundamental”, exponen.

Asimismo, advierten que el acuerdo, también llamado “preclearance” en inglés, se ha convertido en un medio para evitar que los solicitantes de asilo lleguen al destino donde pretenden formalizar su solicitud, que en este caso sería EEUU.

Recuerdan que el ámbito de aplicación de la normativa de protección internacional suele estar sujeta al territorio, no siendo consideradas como tal por los Estados Unidos las áreas de preautorización.

Piña, Cury, Gómez y Jiménez aseguran que en el anexo del acuerdo se incorpora una tutela por parte de los EEUU de las políticas de asilo de República Dominicana, vulnerándose el principio de no intervención en los asuntos internos o externos del país.

Dicen que extrañamente no se ha informado que el acuerdo sujeta a los viajeros y a sus bienes a una segunda inspección aérea a su llegada a los Estados Unidos, evidenciándose ausencia de reciprocidad en todos los componentes del mismo.

Esto último, puntualizan, pone en dudas la supuesta agilización de trámites y facilidades a los que ingresen al territorio estadunidense, así como el aumento del número de pasajeros en República Dominicana.

Los juristas finalizan proclamando que nada justifica una cesión de manera unilateral mediante un acuerdo que choca frontalmente con la Constitución dominicana y que constituye una vergüenza nacional.

 

 

 

Fuente: El Nuevo Diario

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